Por: Ignacio Pirotta
Hace algunas semanas la Corte Suprema de Brasil aceptó las denuncias presentadas contra el expresidente Jair Bolsonaro y este pasó a estar procesado, acusado de cinco delitos, todos vinculados al intento de ruptura institucional.
La situación del expresidente es bastante delicada en función de los elementos que tendría la denuncia. Públicamente se han conocido básicamente dos: de un lado la delación premiada de un asistente, Mauro Cid, quien dice que Bolsonaro estaba al tanto de los planes para dar un golpe de Estado. Por otro lado -quizás más relevante, dado que las delaciones premiadas no gozan de buena reputación- los testimonios de dos de los tres comandantes de las fuerzas armadas. Concretamente los del Ejército y la Aeronáutica. La Marina, en cambio, fue la única fuerza que habría respaldado los planes golpistas. Así, la situación de Bolsonaro es bastante más compleja, por ejemplo, de lo que fue la situación de Donald Trump, quien como sabemos, volvió al poder.
El desenlace de la experiencia Bolsonaro no es sorprendente. Desde antes de ser electo ya era una figura polémica por sus reivindicaciones a la dictadura militar, posicionamientos polémicos respecto a la democracia y, no menor, la imbricación con el mundo militar que tuvo siempre su proyecto político.
Bolsonaro fue, desde 2015, en cierta medida apadrinado por el entonces comandante del Ejército, el general Vilas Boas, quien prestó los cuarteles para numerosas apariciones de Bolsonaro ante los uniformados. Ya en el gobierno, siempre existió un núcleo militar, aunque con lealtades de distinto grado, como se fue evidenciando en el tiempo.
El coqueteo con la ruptura tuvo en primer lugar al Congreso de la Nación como gran contrincante. Bolsonaro no contaba con números para tener cierta gobernabilidad y ante los sucesivos bloqueos, recurrieron a las manifestaciones callejeras como forma de presión. Esas manifestaciones se caracterizan por pedidos de las bases del tipo “cierre del Congreso” o “intervención militar”. Una de esas manifestaciones, en marzo de 2020, frente al Cuartel General del Ejército, con participación del presidente y en donde sus simpatizantes exigen la intervención.
Así, el liderazgo de Jair Bolsonaro estuvo siempre signado por la presencia militar y la utilización de ese respaldo de los uniformados como una forma de reforzar su poder político. Es decir, la identificación que logró Bolsonaro con el mundo militar reforzó su poder, partiendo de la buena valoración de las fuerzas en la sociedad brasileña, pero llegando incluso a chantajear con el respaldo militar.
Si antes había sido el Congreso, hacia 2021, la tensión era mayormente con la Corte Suprema, y en ese contexto Bolsonaro amenazó con incumplir fallos de uno de los magistrados de ese cuerpo, Alexandre de Moraes. También contra la Justicia Electoral.
A comienzos de 2022 (las elecciones fueron en octubre de ese año) ya estaba claro que el bolsonarismo estaba haciendo uso del guión prefabricado de deslegitimar las elecciones y denunciar fraude ya era evidente. Trump lo había hecho, sin tanto éxito. Y el propio Bolsonaro también, en 2018, donde supuestamente habría ganado en primera vuelta, según él. La invasión al Capitolio es la versión estadounidense de lo que después iba a pasar en Brasil.
Lo judicial, entonces, en donde Bolsonaro encuentra una fuerte dificultad, tiene un anclaje en todo el proceso político que lo llevó al poder, y además tiene, o tendría, fuertes elementos probatorios.
Políticamente, Bolsonaro tiene una situación dual. Por un lado, sigue siendo la principal referencia opositora a Lula da Silva. Cuenta con una base fiel, con seguidores movilizados (aunque en franca decadencia) y un posicionamiento que le otorga un buen piso electoral. En una encuesta de Datafolha de fines de marzo, Lula aparece primero en intención de voto, con 36%, seguido por Bolsonaro con 30%. La misma encuesta muestra que un 52% cree que debería ir preso por el intento de golpe.
Más allá de que esté imposibilitado por la Justicia de ser candidato, esa fortaleza política es definitoria para pautar a un sucesor. Otra muestra de eso es que algunos sondeos de opinión detectaron durante 2023 que para un tercio de los brasileños las elecciones habían sido amañadas.
Por otro lado, Bolsonaro tiene en contra altos niveles de rechazo, hoy más que Lula. Y, un gran interrogante, quizás no cuente con la simpatía de las elites brasileñas. El poco ruido al interior del país que ha generado su procesamiento habla tanto de las acusaciones fundadas como la pérdida de respaldos. En cuanto a los apoyos internacionales, el procesamiento, por ejemplo, no cosechó ningún rechazo de parte de gobierno aliados como el argentino, ni el estadounidense.
Comparando con el caso argentino, emerge una gran diferencia en el plano de los actores políticos y los factores de poder. En Brasil, el antipetismo o antilulismo de los grandes medios de comunicación quedó en parte matizado una vez que bajó la espuma del Lava Jato y, sobre todo, cuando quedaron al desnudo sus vicios. Pero Bolsonaro nunca fue un protegido de los grandes medios de comunicación. En el mismo plano de análisis, la Justicia y particularmente la Corte, fueron menos permeables en Brasil a la irrupción de una derecha radicalizada y antidemocrática. De ahí que la Corte se convirtió en una piedra en el zapato para Bolsonaro, que radicalizó la confrontación hasta las últimas consecuencias.
El intento de golpe de Estado fue frustrado, de acuerdo a la investigación realizada por la Policía Federal, por la oposición de los comandantes del Ejército y de la Aeronáutica. El plan era que tuviera lugar antes de la asunción de Lula da Silva, quien ya había sido electo para ese entonces. El ataque a los edificios de los tres poderes, que fue lo que se terminó haciendo visible como acontecimiento, en cambio, tuvo lugar los primeros días de enero, ya con Lula ocupando el Palacio del Planalto y fue más bien una consecuencia de la movilización de las bases bolsonaritas, posiblemente con complicidad de las fuerzas de seguridad, pero sin un plan orquestado de golpe de Estado.
El liderazgo político es una forma de solucionar problemas de acción colectiva. El caso de Jair Bolsonaro pasa a ser, entonces, el de un liderazgo más bien negativo, en dos sentidos. Por un lado, en tanto liderazgo imposibilitado pasa a ser más un problema que una solución para la acción colectiva. Bolsonaro tiene representatividad, pero no lograría canalizarla en sí mismo y tendría, además, dificultades para ser mayoritario habida cuenta de los rechazos que genera.
En segundo lugar, de cara a 2026 y teniendo en cuenta las debilidades referidas arriba, va a ser un actor más bien con poder de vetar nuevos liderazgos emergentes de la derecha antipetista que de proponerlos. En conclusión, Bolsonaro es hoy por hoy un liderazgo fuertemente debilitado, pero aún con centralidad en la política brasileña.