El arranque del mandato de Claudia Sheinbaum en México se ve atravesado por una coyuntura institucional sin precedentes: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio de 2025. Este proceso, impulsado por la reforma judicial promovida por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca abrir la justicia al pueblo y combatir el supuesto elitismo y conservadurismo de su cúpula. Sin embargo, también han despertado fuertes cuestionamientos por su opacidad, la falta de información sobre los candidatos y las posibles injerencias del oficialismo.

El triunfo en las elecciones le daría al liderazgo de Sheinbaum un importante Recurso de Poder Institucional con el cual encarar el siguiente quinquenio de gobierno progresista, una herramienta con la cual no contó su antecesor y fue puesto como obstáculo para poder llevar a cabo políticas de mayor impacto político y social. ¿Cómo se posiciona el liderazgo presidencial de Sheinbaum ante este escenario, frente a la importante herencia de AMLO y la necesidad de construir su propio perfil? ¿Qué otros liderazgos de la región pusieron en juego este importante Recurso de Poder?

Una elección judicial directa, entre la novedad y la controversia.

Por primera vez en la historia reciente de México, la ciudadanía está convocada a elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial. Esta medida fue defendida como una democratización profunda del sistema, en línea con la narrativa popular-plebiscitaria que caracterizó al gobierno de AMLO. No obstante, en las últimas semanas, el proceso ha estado rodeado de tensiones: desde la escasa difusión de información sobre los perfiles de los aspirantes, hasta la aparición de “acordeones” con listas de candidatos presuntamente afines al oficialismo que circulan tanto en redes sociales como en papel. La preocupación por una posible captura partidaria del Poder Judicial ha encendido alarmas entre sectores académicos, opositores y organismos independientes, tanto locales como internacionales.

Frente a esta situación, Sheinbaum solicitó formalmente la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una reciente conferencia matutina, afirmó que el voto debe ser “libre, secreto y directo”, marcando una línea de defensa institucional que la distancia, al menos discursivamente, del estilo confrontativo de su antecesor.

Sin embargo, esta elección judicial es, en gran medida, herencia directa de AMLO, quien desde el inicio de su sexenio mantuvo una postura crítica hacia el Poder Judicial, al que calificó reiteradamente como un bastión de los privilegios y del “neoliberalismo legalista”. La reforma que conlleva a la elección popular de jueces fue una de sus banderas en los últimos años de gobierno y forma parte del “segundo piso de la transformación” que Sheinbaum prometió continuar.

Sin embargo, los matices entre ambos liderazgos comienzan a notarse. AMLO cultivó un estilo carismático, personalista y polarizador, donde la deslegitimación de opositores e instituciones era parte constitutiva del ejercicio del poder. Sheinbaum, por el contrario, proyecta una imagen más técnica y racional, con una fuerte trayectoria académica y una inclinación al lenguaje institucional. Su pedido de intervención al INE –un órgano con el que AMLO solía confrontar abiertamente– puede interpretarse como un intento de marcar diferencia y construir un liderazgo presidencial garante del orden democrático.

Aun así, las continuidades son ineludibles. Sheinbaum ascendió políticamente bajo el ala de AMLO, comparte con él una concepción plebiscitaria de la política y ha incorporado a su gabinete a muchas figuras del partido oficialista MORENA. El verdadero dilema para su liderazgo parece residir en hasta qué punto será capaz de construir autonomía y legitimidad propia sin romper con el capital político heredado.

El RP Institucional, factor clave en gobiernos de todo signo político.

El caso mexicano no es único en América Latina y puede leerse en clave comparativa con otras experiencias de liderazgos presidenciales de distintas orientaciones ideológicas que buscaron modificar el poder judicial como parte de una estrategia más amplia de transformación institucional. En este sentido, podemos afirmar que tener un Poder Judicial más afín, o al menos que posibilite la negociación, constituye un Recurso de Poder fundamental a la hora de ejercer el liderazgo político. Los presidentes que debieron ejercer su liderazgo con Poderes Judiciales rivales han sufrido importantes derrotas legislativas, políticas e incluso penales.

Un antecedente clave es el de Néstor Kirchner en Argentina, quien al asumir la presidencia en 2003 impulsó una profunda reforma de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue restaurar su legitimidad tras años de descrédito durante el menemismo. Kirchner promovió la renuncia de jueces cuestionados por su cercanía con el poder político anterior y puso en marcha un mecanismo de selección más transparente para nuevos ministros, incluyendo audiencias públicas y la posibilidad de objeciones ciudadanas. Si bien no se trató de una elección directa, la reforma apuntó a fortalecer la legitimidad democrática y la independencia del máximo tribunal, dentro de un estilo de liderazgo presidencial fuerte pero institucionalista, en un gobierno de claro tinte progresista.

Reformas sobre el ascenso de magistrados también se dieron en los gobiernos más revolucionarios de Chávez y Morales, en Venezuela y Bolivia, respectivamente. En Venezuela, durante los primeros años de la “Revolución Bolivariana”, Hugo Chávez impulsó reformas constitucionales y una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permitieron aumentar el número de magistrados y garantizar afinidad política en el máximo tribunal. No hubo elección directa de jueces, pero sí una fuerte intervención presidencial sobre el sistema de justicia, ya que los nuevos magistrados fueron electos mediante la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

También en Bolivia, bajo el liderazgo de Evo Morales, se introdujo en 2011 la elección por sufragio directo de magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y otras cortes. Este modelo de selección de jueces es el modelo más cercano al mexicano que podemos encontrar en la región. Esta reforma buscó “descolonizar” la justicia y acercarla al pueblo, pero fue duramente criticada por el bajo nivel de información pública, el alto porcentaje de votos nulos y blancos, y la influencia del oficialismo en la selección de candidatos.

Otro caso paradigmático es El Salvador, bajo Nayib Bukele, cuyo gobierno desplazó a magistrados de la Sala Constitucional y nombró nuevos jueces con apoyo legislativo, consolidando un poder judicial alineado al Ejecutivo. A diferencia del modelo boliviano y mexicano, aquí no se apeló al sufragio, sino a una estrategia de control político más directa. Este caso ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales como una regresión democrática y nos muestra que la búsqueda de un Poder Judicial afín al presidente también es una búsqueda de gobiernos conservadores.

En este contexto, la experiencia mexicana se ubica en un punto intermedio. A diferencia de los modelos más autoritarios como el salvadoreño o el venezolano, la reforma judicial mexicana incluye una herramienta democrática formal –el voto popular–, pero sus condiciones de implementación -falta de información, candidaturas oficialistas, desconfianza institucional- plantean riesgos similares. A la vez, se distancia de experiencias como la argentina, donde la reforma judicial impulsada por Kirchner apuntó a fortalecer la Corte sin renunciar a los equilibrios institucionales y la división de poderes.

Conclusión: un test temprano de liderazgo

La elección judicial representa el primer test de liderazgo para Claudia Sheinbaum. Si bien ha buscado posicionarse como una garante de la división de poderes y la independencia judicial, su desafío es doble: por un lado, un triunfo de los candidatos oficialistas revalidaría su liderazgo presidencial, otorgándole mayor legitimidad para gobernar con su propio estilo y dejar atrás la sombra de AMLO; por otro lado, contar con un Recurso de Poder Institucional relevante como lo es un Poder Judicial más cercano en lo ideológico, le brindaría una herramienta política para poder desplegar su gobierno con mayor libertad.

De su manejo de esta coyuntura y del resultado de la elección dependerá en buena parte la legitimidad política de su primer año de gobierno, la suerte de los próximos cinco, y también, la proyección de su liderazgo presidencial como uno de los más importantes de la región.