Por Duilio Morinigo
Luego de más de doce años como primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros ha dejado su cargo abruptamente, pero no a causa de una caída presidencial usual, sino por medio de una acción militar directa de los Estados Unidos, por orden de su presidente Donald Trump, que de esta manera cumple con las reiteradas amenazas vertidas en meses precedentes sobre el gobierno venezolano y contra Maduro, específicamente.
Solo superado por el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, quien gobierna su país desde hace diecinueve años, el ciclo presidencial de Maduro no estuvo exento de numerosos desafíos a su estabilidad, con un contexto internacional hostil en el que contaba con los apoyos de Moscú y Pekín, como sus más destacados recursos de poder internacionales, y con un contexto interno mayormente conflictivo, con una oposición que en algunos escenarios asumió un rol desleal, en términos de Juan Linz, y que le tocó atravesar varios años de hiperinflación y emigración masiva.
Sin embargo, Maduro validó dos veces su presidencia, consiguiendo sendas reelecciones en los comicios de 2018 y 2024, actos electivos que fueron denunciados como fraudulentos por la oposición y por actores internacionales contrarios a Maduro. En este contexto, en la madrugada del 3 de enero, poco antes de cumplir el primer año de su tercera presidencia, el hasta ese momento presidente de Venezuela fue sorprendido en su residencia de Caracas y secuestrado por efectivos militares estadounidenses, mediante una incursión militar que arrojó alrededor de 80 personas fallecidas entre integrantes de la guardia presidencial y civiles. Luego del ataque, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en calidad de detenidos ―a decir de las autoridades estadounidenses― y debieron comparecer ante un tribunal en Nueva York, bajo cargos de narcoterrorismo y de liderar el “Cártel de los Soles”, nombre de fantasía de una ficticia organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes.
En este marco, Donald Trump ha amenazado con intervenir directamente en territorios soberanos como Colombia o México, con el objetivo de combatir el narcotráfico, y también ha intimidado y declarado una posible intervención a la República Islámica de Irán, donde se suceden multitudinarias protestas contra el gobierno de ese país, con su consecuente represión. Es más, ha afirmado que se hará con el territorio autónomo de Groenlandia, a pesar de la oposición de sus habitantes y del Reino de Dinamarca que, dicho sea de paso, es aliado de EE. UU. en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con todo lo que ello podría implicar si cumple con su amenaza.
En este contexto internacional en el cual China continúa ganando terreno como potencia mundial y que ha expresado su firme resolución de recuperar la isla de Taiwán, es que Trump considera vital controlar el petróleo de Venezuela, ya que su subsuelo alberga las mayores reservas mundiales de crudo pesado. Así, el violento retiro del presidente venezolano ha dejado como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, quien anteriormente oficiaba como vicepresidenta, y que ahora tiene la tarea de negociar con el presidente norteamericano, ya sea una transición hacia nuevas elecciones o, en una postura más dura, permanecer en la senda trazada por Maduro, a la vez que continuar exigiendo su liberación, como ya lo ha pronunciado Rodríguez en más de una oportunidad.
Por otro lado, en su primera comparecencia en los tribunales estadounidenses ―la próxima tendría lugar en marzo―, Maduro se declaró prisionero de guerra y negó todos los cargos por los que se lo imputa, teniendo en cuenta, además, que se le retiró la acusación de comandar el Cártel de los Soles, a sabiendas de la inexistencia de dicha organización.
En cuanto a la oposición venezolana, las elecciones presidenciales de 2024 habían dejado la autoproclamación como presidente de Edmundo González Urrutia ―candidato presidencial nominado al no poder presentarse María Corina Machado, que era la figura opositora más relevante―, luego de denuncias de fraude sobre el triunfo de Maduro, no solo desde dentro de Venezuela, sino también de actores internacionales de signos ideológicos opuestos al gobierno venezolano. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia validó el acto comicial y proclamó a Maduro como ganador de esas elecciones, lo que llevó a gran parte de la oposición, incluida Machado, a solicitar al presidente Trump que interviniera militarmente en Venezuela y que terminara con el gobierno. A fines de 2025, Machado fue galardonada con el premio Nobel de la Paz, lo cual desagradó al presidente Trump, que esperaba hacerse merecedor de dicha distinción. A raíz de eso, Machado fue a la Casa Blanca y le obsequió la medalla del Nobel a Trump, en un gesto tendiente a aplacar al líder del país del norte y, tal vez, para que accione las palancas del poder en aras de convertirla en presidenta de Venezuela.
Finalmente, cabe consignar que esta era la única manera en la que Maduro podía dejar de ser presidente de Venezuela, es decir, mediante la injerencia extranjera directa de los EE. UU., que amparados en el valor superior de su “seguridad nacional” y de combatir el narcoterrorismo, lanzaron la denominada “Operación Resolución Absoluta” ―que tranquilamente podría evocar a la “operación especial” que Rusia lleva a cabo en Ucrania hace ya casi cuatro años― cuyos blancos eran el propio Maduro y su esposa. De este modo, los cuantiosos recursos de poder con los que contaba el ahora expresidente venezolano fueron insuficientes ante el accionar militar del país norteamericano, que hizo caso omiso del derecho internacional y que incluso despertó críticas de gobiernos que se oponían a Maduro, además de haber protagonizado el histórico hecho de atacar territorio sudamericano.