El domingo 25 de mayo, tendrá lugar un nuevo acto eleccionario en la República Bolivariana de Venezuela. En esta ocasión, se elegirán 24 gobernadores, 260 legisladores para los consejos legislativos estadales y 285 diputados para la Asamblea Nacional (AN). La conformación actual de la misma exhibe una abrumadora mayoría que pertenece al oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar – 253 escaños sobre 277 totales -, como resultado de la anterior elección que tuvo lugar en diciembre de 2020, cuando la oposición asumió una postura abstencionista, al igual que en anteriores oportunidades, al considerar que dichos comicios serían fraudulentos. Similar temperamento ha adoptado gran parte de los partidos opositores para la presente elección del domingo, con mensajes como los de una de sus líderes, María Corina Machado, quién ha tildado al proceso eleccionario como una “farsa” y una “trampa” y convocado al electorado a no emitir su voto. Por otro lado, algunos líderes opositores, principalmente los excandidatos presidenciales Manuel Rosales, Henri Falcón y Enrique Capriles, han decidido participar, por lo cual la estrategia opositora no es monolítica.
A su vez, la elección de un vigésimo cuarto gobernador obedece a la decisión de Nicolás Maduro de conformar un gobierno electo para el territorio de la Guayana Esequiba, que actualmente forma parte del territorio de la vecina Guyana, pero sobre el que Venezuela tiene un vigente reclamo de soberanía ante la Corte Internacional de Justicia, que ha sido acompañado por tensas relaciones diplomáticas. Para el citado menester electoral, se habilitarán dos parroquias de un municipio del estado Bolívar, fronterizo al territorio Esequibo, con un total de alrededor de 21 mil electores habilitados para elegir al gobernador, a siete legisladores para el consejo regional y a seis diputados para la AN.
También por estos días, más precisamente el 27 de mayo, vencerá la licencia expedida por el gobierno de los Estados Unidos a la empresa petrolera Chevrón, que opera en Venezuela y que se había constituido en uno de los recursos de poder financiero de Maduro, al ser una importante fuente de ingreso de divisas. La administración Trump ya anunció que la licencia no será renovada, lo que podrá constituirse en un golpe a la economía venezolana, en donde se observa un incremento en la brecha del orden de más del 30 % entre las cotizaciones del dólar al tipo de cambio oficial con respecto al paralelo.
En este contexto, el oficialismo ha activado el denominado Operativo República, consistente en el despliegue de más de 400 mil efectivos que estarán a cargo de la seguridad del acto comicial del domingo, en el cual, según auguran representantes de la oposición, la asistencia electoral será baja – entre el 30 y el 35 por ciento proyecta la consultora Datanálisis-. Los argumentos opositores para intentar deslegitimar esta elección tienen su base en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, que estuvieron teñidas de acusaciones cruzadas y de dos resultados distintos: uno, el oficial, con la reelección de Maduro, y otro, opositor, con la proclamación del candidato Manuel González Urrutia como presidente electo y respaldado por sectores de la comunidad internacional. Finalmente, Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia.
A pesar de la postura de la Plataforma Unitaria Democrática, que congrega a un gran espacio del espectro opositor, parte de la oposición considera que el curso de acción debe ser la participación, para disputarle al oficialismo los espacios de poder. La estrategia opositora de ausentismo electoral no es novedosa y ha sido recurrente en otras citas cívicas a lo largo de este primer cuarto de siglo. A la luz de esas experiencias, la baja participación del electorado ha redundado en una mayor representación institucional del oficialismo liderado por Chávez, primero, y por Maduro, después, tal y como ha ocurrido con la conformación de la vigente AN. No obstante, parte de la oposición especula con que un alto ausentismo en las urnas podría deslegitimar la elección más allá de su resultado, mientras que del lado de las huestes oficialistas, esperan movilizar a su núcleo duro, es decir, a la militancia activa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es su más importante recurso de poder de apoyo popular, con el fin de obtener la mayor cantidad de cargos electivos, aprovechando en su favor la postura opositora, como ha ocurrido en tantas otras oportunidades.